El problema de organización de Vueling, la quiebra del touroperador británico Low Cost Travel o la anunciada huelga de pilotos de Air Europa llevan a reflexionar sobre la indefensión de los viajeros como consumidores. Pero también, como usuarios de unos servicios completamente esenciales en la vida de cualquier ciudadano de nuestra sociedad. Necesitamos leyes más claras y precisas sobre lo que se considera ‘causa de fuerza mayor’, y que consideren como un grave perjuicio cualquier variación en la planificación de un viaje, incluidos los vacacionales.
Los viajes de trabajo son indispensables para algunos trabajadores y es obvio el daño que se puede llegar a causar por culpa de retrasos o cancelaciones. Los viajes vacacionales no deben ser menoscabados ya que en muchas ocasiones han supuesto un esfuerzo y unas expectativas vitales de mayor o igual importancia que los otros ya mencionados.
Tampoco podemos olvidarnos de los trabajadores que, con estas graves incidencias, sufren la precarización de sus empleos (en cuanto a sueldos u horarios) y además tienen que lidiar con los clientes insatisfechos, recibiendo todas sus quejas.
Es muy importante que, por un lado, los consumidores afectados reclamen sus derechos y no dejen escapar la oportunidad de hacer efectivos sus seguros y derechos adquiridos en su compra. Aunque por otro lado, es cierto que estos trámites son tan sumamente complicados que desalientan a cualquiera a intentarlo. Por eso, está cada vez más claro que las autoridades públicas deben tomar cartas en el asunto y no solo preocuparse por estos temas cuando creen que afectará económicamente a su región, como en el caso del touroperador donde incluso el conseller de turismo ha tenido que comparecer en el Parlament.
No se trata de reparar con dinero el daño causado, sino hacerse responsable de una actividad sumamente importante en la vida cotidiana actual.